Impuestos a Bitcoin: la OCDE analizará exchanges y monederos para dar pautas tributarias

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó que estudiarán en profundidad el ecosistema de Bitcoin y las criptomonedas, lo que incluye exchanges y proveedores de monederos. El objetivo será otorgar lineamentos para que los gobiernos puedan gravar impositivamente la tenencia y las operaciones con criptoactivos.

Así lo anunció la OCDE en su último informe fiscal destinado a ministros de economía y gobernadores de bancos centrales de países miembros del G20. Este documento indica que las pautas tributarias referentes a las criptomonedas deberían estar terminadas el próximo año.

La OCDE reconoce que “los marcos existentes pueden no ser adecuados” y por eso se propone “diseñar una guía adecuada sobre el tratamiento fiscal de tecnologías emergentes como las stablecoins, las monedas digitales de bancos centrales (CBDC), la prueba de participación (PoS) y las finanzas descentralizadas (DeFi)”.

Las operaciones con Bitcoin son “una base impositiva potencialmente importante”

El objetivo de todo esto, según explican, es lograr “un marco de información que garantice la transparencia fiscal con respecto a los criptoactivos, incluidos los ingresos derivados de la venta de dichos activos”.

El informe de la OCDE detalla que un punto a estudiar en profundidad será si, además de los ingresos por ventas de criptomonedas, se deben informar otros ingresos que puedan derivarse de ellas. También indican que no está claro todavía si será obligatorio o no que los usuarios brinden información sobre el valor de sus tenencias en criptomonedas.

Según explican en el mismo informe, la motivación para avanzar en este sentido es que “la inversión en monedas virtuales es significativa y representa una base impositiva potencialmente importante”.

Exchanges e intermediarios deberán compartir información de sus usuarios

En el informe recomiendan que los gobiernos sigan lo que se denomina Estándar Común de Información del G20 / OCDE. Esto consiste en reportar la información recopilada por los intermediarios (por ejemplo, los exchanges) a las autoridades tributarias de sus jurisdicciones. Estos, a su vez, deben reportarlas a los entes tributarios correspondientes según el lugar de residencia de los contribuyentes.

Este procedimiento ya se aplica con activos financieros tradicionales. Ahora se buscará incorporarlo al mercado de criptoactivos “para garantizar la coherencia” entre ambos ecosistemas.

“El objetivo es diseñar el marco de intercambio internacional de tal manera que todas las jurisdicciones que albergan intermediarios puedan participar plenamente”, indica el informe.

De todas maneras, aclaran que una vez que la OCDE dé sus lineamientos, serán los gobiernos de cada país quienes decidirán si quieren gravar las operaciones con criptomonedas en sus jurisdicciones y la forma en que lo harán.

Además de las criptomonedas, el informe hace referencia a otros aspectos tributarios de la economía digital. El organismo reconoce que la economía, a nivel mundial, tiende a digitalizarse y, por lo tanto, los principios que rigen la tributación deben adaptarse a este nuevo paradigma.

OCDE y criptomonedas: una relación que lleva años

No es la primera vez que la OCDE se pronuncia sobre blockchain, Bitcoin y otros criptoactivos. En marzo de 2018, tal como informó CriptoNoticias, esta entidad también había dicho que realizaría una investigación exhaustiva sobre las criptomonedas en materia tributaria.

A comienzos de 2019, publicaron un informe en el que indicaban que las ofertas iniciales de monedas (ICO) eran un potencial mecanismo de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. Allí señalaban la importancia de regular los lanzamientos de criptomonedas.

En ese mismo año, la OCDE, junto a RSK, trabajó en el desarrollo de una “blockchain anticorrupción” que permite dejar asentados, de forma permanente e inmutable, las pruebas de casos de corrupción a nivel internacional.

Todo esto lo hacen para cumplir con la misión de la OCDE, que según el propio organismo, es “promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas”. Para esto, buscan asesorar “en materia de políticas públicas y en el establecimiento de estándares y normas a nivel mundial”, entre otros aspectos, en “la lucha contra la evasión fiscal internacional”.