Gibraltar propone proyecto de ley para regular el uso de blockchain

En Gibaltrar, la Comisión de Servicios Financieros (Financial Services Commission – GFSC) publicó el proyecto de regulaciones para firmas y compañías que ofrezcan y trabajen con servicios relacionados con la tecnología de contabilidad distribuida (DLT).

La información se dio a conocer recientemente a través de medios locales, dónde se incluyó el documento en cuestión. El conjunto de regulaciones se planea que entre en efecto para enero de 2018.

Las legislaciones y normas propuestas abarcarán las funciones comerciales de la tecnología de contabilidad distribuida como un medio de trasmisión de activos o valores, lo que incluye a casas de cambio y servicios o plataformas de inversión. Una vez que este sea aprobado, Gibraltar se convertiría en uno de los pocos territorios con un marco regulatorio completo para las empresas y startups que trabajen con esta tecnología y asuntos relacionados. En el documento, también se incluye la definición de valor y qué se suscribe cómo tecnología de contabilidad distribuida.

Lo más resaltante del proyecto regulatorio que se presenta en Gibraltar es que posibilita un buen uso de la tecnología sin limitarla; es decir, provee protección a los usuarios y empresas, al tiempo que no “sofoca” la aplicación de la DLT en los diferentes ámbitos financieros y más allá. Al respecto, señaló la directora ejecutiva de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar, Samantha Barrassl:

Realmente creo que este marco regulatorio demuestra que los reguladores pueden mantenerse al día con la tecnología sin sofocar la innovación, proteger a los consumidores y crear un entorno seguro bien regulado en el que la tecnología financiera pueda florecer.

Samantha Barrass
Directora Ejecutiva

Por su parte, Albert Isola, el Ministro de Comercio comentó:

Estoy encantado y emocionado en la misma medida de publicar esta legislación hoy, después de un largo período de reflexión, consulta y revisión con la industria y los expertos en este campo (…) Creemos que este marco proporcionará una fuerte oportunidad económica a largo plazo en muchas áreas clave de nuestra economía.

Samantha Barrass
Directora Ejecutiva

También, a manera de motivo para establecer dicho marco,  se encuentra proveer seguridad en las innovaciones dentro del territorio.

Así, el proyecto plantea la emisión de licencias para que los servicios y plataformas que utilicen la DLT operen, mientras cumplan los requisitos y condiciones estipuladas por el marco regulatorio. Entre estos requisitos se encuentra, por ejemplo,  una solicitud de evaluación para aplicar a la licencia de proveedor de servicios DLT que debe ser enviada junto con otros documentos a la entidad por parte de los interesados.

Desde allí la autoridad pasará a revisar la solicitud y hacer la evaluación sobre el tipo de servicio, productos y modelo comercial. Las plataformas y servicios ya establecidos tendrán tres meses para hacer la solicitud ante la autoridad, luego de que el reglamento entre en vigencia.

Igualmente, el proyecto incluye algunos “principios” que las entidades o proveedores de servicios de tecnología de contabilidad distribuida deben seguir, tales como: honestidad e integridad, mantener recursos financieros y no financieros adecuados, acuerdos efectivos para la protección del consumidor, tener sistemas de seguridad para evitar crímenes como el lavado de dinero y otros más.

Asimismo, este proyecto de regulación forma parte de lo se inició en 2014 con la creación del Grupo de trabajo de Criptomonedas, que es una iniciativa del sector privado impulsada por Paul Astengo, de Gibraltar Finance, el consultor David Parody y Joey Garcia de Isolas. Ya en 2016 se había aprobado la comercialización de bitcoin en el mercado bursátil. Y para abril de este año el gobierno ya había completado la propuesta.

Finalmente, en esta línea, el mes pasado la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar había emitido un anuncio sobre la inversión en las ofertas iniciales de monedas (ICO) y sus riesgos, de la mano con el proyecto regulatorio.