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Autoridad Mercantil Colombiana advierte que criptomonedas no son legales

El Gobierno de Colombia se ha pronunciado acerca de la situación legal del uso de criptomonedas en la nación

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La Superintendencia de Sociedades (Supersociedades), el órgano regulador y vigilante de las sociedades mercantiles de la República de Colombia, emitió un comunicado en su página web el pasado lunes 26 de diciembre sobre el uso de las monedas digitales en la nación, en el que aclara que la única moneda de curso legal es el peso colombiano. El comunicado también hace referencia a los riesgos que representan los “clubes de inversión” que al parecer han proliferado durante este año en Colombia.

Francisco Reyes Villamizar, el superintendente de Sociedades dijo explícitamente, que conforme a la Ley 31(1992) del Banco de la República,  “la única moneda legal en Colombia es el peso”, aclarando que las monedas digitales no son legales en la nación suramericana.

Sin embargo, esta declaración que no avala a las criptomonedas como una divisa de cambio por no contar con el respaldo de bancos centrales de otros países, no hace ilegal el uso o comercialización de monedas digitales según lo establecido por el banco central de este país.

Colombia, al igual que varios países del continente suramericano, no cuenta con una legislación que aclare el status legal de las criptomonedas, pues ni las permite ni las prohíbe. De hecho, los participantes de esta economía digital solo cuentan con una alerta emitida en 2014 por la Superintendencia Financiera de Colombia -organismo encargado de supervisar el sistema financiero colombiano- acerca de los posibles usos ilícitos de las monedas digitales; y un comunicado del mismo año del Banco de la República en el que aclaran que, al bitcoin no ser una moneda de curso legal, los comercios o instituciones no están obligados a recibirlo como “medio de cumplimiento de pago de las obligaciones”.

Por otra parte, Supersociedades dio a conocer en su comunicado que han llegado múltiples denuncias a su despacho sobre firmas que publicitan supuestas inversiones en criptomonedas de grandes rendimientos pero sin respaldo; algunos prometiendo hasta 100% de rendimiento.

Con respecto a esto, la entidad se refirió a los esquemas multinivel o “clubes de inversión” promovidos por personas naturales, supuestos expertos en monedas digitales, que prometen márgenes de ganancias fuera de lo común a cambio de la inversión de dinero y que han logrado captar la atención de potenciales inversores en foros privados.

 

“Estos supuestos asesores prometen a los inversionistas administrar sus apuestas en las plataformas de inversión y generar rendimientos mayores a los que obtendrían si apostaran directamente su dinero”.

Francisco Reyes Villamizar
Superintendente

Reyes también aclaró que la Superintendencia encontró que estos supuestos expertos de las criptomonedas en Colombia utilizan seudónimos para organizar los eventos privados sin dejar rastros.

Lamentablemente, los sistemas multiniveles fraudulentos que supuestamente utilizan activos digitales son bastante comunes, y es necesario que las autoridades de Colombia tomen cartas en el asunto para evitar que la economía digital no siga siendo relacionada con estafas, pues esto solo desprestigia a lo que parecer ser la nueva vanguardia de la economía.

La inexistencia de legislaciones que amparen el creciente mercado de monedas digitales en Colombia, y la aparición de fraudes y estafas como las mencionadas anteriormente, dificulta la aparición de empresas vinculadas al ecosistema Bitcoin. Colbitex, la primera casa de cambio digital de Colombia, es ejemplo de ello, pues a una semana de iniciar sus operaciones tuvo que suspender sus servicios temporalmente motivado a una revisión de normativas relacionadas con el marco legal colombiano.

La creación de normativas que regulen el uso de las criptomonedas en los países latinoamericanos resulta imperativo. Esto, debido a que cada vez son más los usuarios que utilizan este tipo de alternativa monetaria digital y se necesitan leyes que protejan a sus habitantes a fin de evitar la concreción de fraudes y esquemas fraudulentos.

 

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