Latinoamérica se queda atrás en materia de regulación de criptomonedas

Es difícil para cualquier tipo de sistema reaccionar ante los rápdios avances tecnológicos. Se puede afirmar que ese es el gran desafío de los estados ante las nuevas tecnologías que los hacen tener que redefinir conceptos y en muchos casos reformar cimientos. Bitcoin es de esos cambios que trajo el nuevo siglo, y que cuestiona uno de los pilares centrales de la sociedad: la necesidad de que la economía esté centralizada en algún ente.

Han pasado años desde que Bitcoin arribara a la realidad con un rotundo éxito; en la actualidad se aprecia cómo la cantidad de usuarios de las diversas criptomonedas ha aumentado.  Hay más de 15 millones de BTC en circulación según Blockchain Info y la llegada de Ethereum se traduce en una serie de nuevas posibilidades a la hora de hacer contratos inteligentes.

Con tan abrumadora realidad, es evidente que las empresas y los estados comiencen a pensar que deben hacer algo al respecto. El sector privado se ha enfocado en la blockchain, una promesa tecnológica que ofrece el potencial de gestionar data de una manera eficiente, acortar el período de las transacciones y contribuir a un mayor desarrollo de la seguridad digital y financiera. Las instituciones gubernamentales del mundo, en cambio, han optado por entrar en el debate de la regulación; su paso más natural.

Este mes en Estados Unidos, Vermont aprobó un proyecto de ley que lo convertiría en el primer estado en aceptar registros obtenidos o gestionados por blockchain en sus instancias públicas como prueba fehaciente ante cualquier caso civil, mercantil o penal. A nivel nacional, la Reserva Federal del país no se ha decidido aún a tomar medidas con respecto a las criptomonedas pero sí que ha emitido un documento vinculante en materia, en el cual estudian y desarrollan las posibilidades y prospectos de las mismas, en particular, del bitcoin. Y por si todo esto fuese poco, el pasado 14 de abril, el gobernador de la Reserva, Lael Brainard acudió al Instituto de Finanzas Internacionales Blockchain (Washington DC) a dar un discurso donde dejó en claro que su organización está más que interesada en la blockchain y dijo que “una vez que la seguridad y la integridad de este la tecnología está probada y los beneficios potenciales se encuentran para ser de interés público que el gobierno debe hacer ajustes regulatorios necesarios”.

Al otro lado del Atlántico, los bancos centrales europeos captan la atención por estar dando sus primeros pasos hacia políticas sostenidas con respecto a la tecnología de las criptomonedas. Desde el Banco Central de Holanda que ha anunciado su intención de generar un prototipo de criptomoneda propia, hasta el Banco de Londres que fue de los primeros en estudiar a la blockchain como herramienta en el sector financiero.

Ahora, salvo el tímido reconocimiento que ha tenido bitcoin en Argentina, y el destierro que las criptomonedas por parte de Ecuador y Bolivia, Latinoamérica y sus instituciones gubernamentales permanecen sorprendentemente inmutables ante un tema que forma parte de la agenda global y que, de paso, impacta bastante en la región, amén de sus características socio-económicas.

Los privados llevan la delantera

Quizás lo que evidencia aún más la inamovilidad de los estados latinoamericanos es la alta iniciativa del sector privado con respecto a las criptomonedas. BitPay inauguró sus oficinas en Buenos Aires en 2014; Chile fue el primer país de la región donde se creó una casa de bolsa que intercambia bitcoins por moneda local y actualmente hay casas de cambio prácticamente en todos los países latinoamericanos.

El interés también está en la población. Según los datos que arrojó Google respecto a las búsquedas sobre “bitcoin”, “blockchain” y “criptomonedas”; durante el último año, Venezuela ha quedado de tercero en el volumen de búsqueda, seguido por Brasil y Argentina. En estos últimos países, la comunidad Bitcoin próspera día tras día. Incluso, Buenos Aires es una de las ciudades en el mundo donde más se acepta bitcoin en los comercios.

Hay que destacar además, que si bien aun hay un trecho que recorrer para que los estados (no sólo ya en Latinoamérica sino en el mundo) adopten las criptomonedas, lo cierto es que en Latinoamérica ya hay trabajadores freelance que usan las criptomonedas para cobrar. Páginas como Cryptogrind, XBTFrelancer y Rein le han servido de herramienta para ello.

Paradójicamente, una región cuya población y sectores privados se notan receptivos a las criptomonedas, posee pocas iniciativas públicas con respecto a ellas.

Solucionar problemas que los Estados no pueden

El gran dilema de Latinoamérica es que es una región con las criptomonedas por el mismo motivo por el cual los estados desarrollados proceden con cautela ante ellas: es una moneda paralela. Para una sociedad cuya economía es estable, próspera y donde la inflación está controlada , la existencia de una divisa paralela es motivo de desconcierto y hasta de sospecha.  Pero en una sociedad donde la inflación predomina y atenta contra el patrimonio individual, una moneda paralela y no sujeta a los mismos desmanes de la economía nacional representa otra cosa: seguridad, esperanza.

La inflación es una de las amenazas más frecuentes que atenta contra la economía de los países de América Latina, haciendo imposible el ahorro positivo de sus ciudadanos y desvalorizando sus pertenencias. Según el Fondo Monetario Internacional la tasa de inflación en Venezuela cerrara el 2016 con 720% de incremento, situaciones parecidas se darán en países como Argentina y Brasil.  Debido a la creciente recesión, los jefes de la política monetaria en estos países están aumentando los impuestos, imponen controles de capital y endurecen las medidas de austeridad.

Es por todo esto que Bitcoin se ha convertido en una opción de ahorros entre sus pobladores, ya que su valor es superior a las monedas locales de cada uno de estos países. Entendiendo esto, asumimos la paradoja: no hay iniciativa por parte de los sectores públicos para con las criptomonedas pero ¿hasta qué punto no es eso lo que le conviene al ciudadano latinoamericano?