Cuando la censura ataque y el mundo se vuelva contra ti, escucha el mensaje de Bitcoin

En el mundo terrenal, Corea del Norte, China, Irán, Venezuela, son algunas de las naciones que figuran en la lista de lugares controlados por líderes de mentalidad autoritaria que apelan a la censura para consolidar su poder. Pero en el mundo digital, donde casi todo el planeta permanece conectado a través de Facebook, Twitter, Instagram, Google y Amazon; el control de lo que puede decirse en la plaza pública virtual de las naciones, está en manos de los dueños de estos gigantes de la tecnología.

Esto, desde hace un tiempo, es parte de la cotidianidad de la humanidad. Sin embargo, un nuevo acontecimiento obliga a que nos detengamos a analizar con la idea de definir la gama de problemas a los que se enfrentan los usuarios de las redes sociales. Parece que nos ha llegado la hora de darnos cuenta que ya vivimos en el mundo orwelliano de vigilancia y censura descrito en la obra 1984 publicada hace más de 70 años.

Con una precisión desconcertante George Orwell nos reveló en su obra, cómo funcionan los regímenes totalitarios y definió las características típicas de la tiranía moderna. Hoy, basado en sus aportes, podemos entender que ya está en marcha una peligrosa expansión de la represión, de una manera que envidiaría hasta el más grande dictador que el mundo ha conocido hasta ahora.

El 7 de enero, tras el asalto al Capitolio de Estados Unidos, Twitter y Facebook suspendieron al entonces presidente Donald Trump de sus plataformas. Al día siguiente, Twitter dijo que la suspensión no era temporal, sino permanente.

Seguidamente la plataforma de micro mensajes también bloqueó a otras figuras estrechamente relacionadas con Trump. Entre ellos, el ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, así como a cientos de cuentas de seguidores de Trump que ni siquiera estaban cerca del Congreso durante los disturbios.

Posteriormente, Twitter también anunció (el tuit fue eliminado) el cierre de más de 70.000 cuentas vinculadas a QAnon, la teoría de la conspiración que ya antes de las elecciones había sido objeto de bloqueos y cierres en Facebook, según reporte del medio estadounidense The Verge.

 La medida represiva de las grandes empresas tecnológicas no se detuvo ahí, pues Google Play y Apple expulsaron de sus omnipresentes tiendas de aplicaciones a Parler, una red social que se autoproclama zona segura de la libertad de expresión y que ha surgido como posible competidora de Twitter. La acción contra Parler, luego fue justificada al señalarle por no haber bloqueado ciertos comentarios de sus usuarios relacionados con el ataque al Capitolio.

Posteriormente, las cosas empeoraron para Parler cuando Amazon Web Services anunció que le expulsaría de su servicio de alojamiento en la nube. Para continuar activo, le exigieron a Parler que debía empezar a moderar los mensajes publicados en su sitio. Cuando se negó a hacerlo, Amazon dio de baja a la plataforma que en la actualidad está fuera de servicio y podría permanecer así indefinidamente, mientras trata de encontrar un nuevo proveedor que no tema arriesgarse ante un disgusto de los gigantes de la industria.

Con esta reacción las grandes empresas tecnológicas están demostrando cómo pueden restringir las libertades civiles de los ciudadanos coartando su capacidad para participar en la vida civil y política del Estado en condiciones de igualdad, y sin discriminación.

Por muy odioso que haya sido el motín del Capitolio y por muy irresponsables que haya sido el lenguaje y las acciones de Trump, ahora se trata a todos sus partidarios, hayan participado o no en el ataque al Capitolio, como si fueran el equivalente a una célula de Al Qaeda.

Revisando lo que se comenta en Internet podemos notar dos narrativas dominantes. La primera considera que estas empresas son privadas y como tal deben poder censurar a los usuarios como consideren oportuno. La segunda es que las redes sociales están influyendo tanto en la vida de los ciudadanos que incluso están ejerciendo poder sobre las poblaciones como lo han hecho los Estados. Muchos creen que al igual que un organismo gubernamental, las redes sociales no pueden negar un permiso a una manifestación simplemente porque no están de acuerdo.

Analizando los dos puntos de vistas señalados, lo primero que hay que entender es que ningún agente, sea público o privado, puede quebrantar los derechos civiles de los ciudadanos. Por el contrario, tiene la responsabilidad de protegerlos. Igual sucede con los derechos humanos de libertad de pensamiento y de expresión, derecho de rectificación o respuesta, derecho de reunión y libertad de asociación que posee cada ser por el simple hecho de nacer.

En todo caso, las redes sociales no son Estados, ni organismos institucionales. Son compañías privadas que poseen un monopolio virtual sobre Internet. Nada más Amazon y Google tienen más de 3.000 millones de usuarios. Tienen gigantescas bases de registros de ciudadanos, más grandes que las de cualquier territorio sobre la Tierra. Son estas plataformas las que poseen las llaves de los espacios donde se produce el grueso de las reuniones de los ciudadanos, con intereses comunes o no.

Sobre Twitter, Facebook, Google, Instagram y Amazon se genera el discurso que moviliza al mundo. Incluso tienen la capacidad de moldear la opinión pública y orientar gran parte de las acciones de los ciudadanos, como lo expone el documental de Netflix El dilema de las redes sociales. “Si se quiere controlar a la población de un país, no hay herramienta más efectiva que Facebook”, expone uno de los testimonios en su esfuerzo por mostrarnos la cuerda floja en la que se encuentra la humanidad.

Se debe a que estas plataformas donde se produce el discurso público del mundo, están actuando sin responsabilidad social, ni transparencia y sin la posibilidad de garantizar que los usuarios tengan derecho a remediar cuando tomen decisiones equivocadas.

Los Principios  de Santa Clara sobre la transparencia y la responsabilidad en la moderación de contenidos, aprobados en 2019 por la mayoría de las plataformas digitales, no se están cumpliendo.

Lo que piden los usuarios digitales con esta normativa es que las empresas de redes sociales tomen decisiones responsables y se aseguren de que estas no vulneren los derechos humanos.

También vale preguntarse ¿por qué en este caso no aplica la Ley de Decencia de Comunicaciones (Communications Decency Act)? Esta norma es la que usan las redes y los medios de EE. UU. para alegar que no son responsables de lo que escriben sus usuarios.

Como dijo el senador de Florida Marco Rubio, «ahora vivimos en un país en el que cuatro o cinco empresas, no elegidas, que no rinden cuentas, tienen el poder de monopolio para decidir y decir: vamos a eliminar a la gente, vamos a borrarla de cualquier plataforma digital».

Rubio se refería a su país Estados Unidos, pero en un mundo digital, en el que las fronteras no son tan visibles, hoy lo que sucede en Norteamérica, mañana fácilmente podremos verlo en cualquier parte del planeta. Solo bastará con que eso sea relevante para un grupo, aunque perjudique a otros.

Para evitar que ocurra de esa manera, el primer paso sería lograr que los poderosos de las plataformas digitales entiendan que los individuos de todo el planeta tienen derecho a expresar sus opiniones. Incluso gozan de esa misma libertad, los más violentos, los racistas, los pobres, los ricos, en fin, todos deben sentirse libres de hablar sin temor a las consecuencias, a ser expulsados o bloqueados. 

Escucha el mensaje de Bitcoin

No podemos entender la libertad sin tratar también el poder y la gobernanza. Al menos eso, es algo que nos ha enseñado Bitcoin y su sistema descentralizado. Su propuesta emergió como una alternativa en medio de la crisis financiera global que desencadenó la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers, llevando al mundo a una recesión económica.

En ese momento, la población mundial necesitaba un nuevo mecanismo que intentara sacar del juego a las instituciones bancarias. Estos habían perdido la confianza de los inversionistas y clientes cuando quedó claro que los instrumentos financieros complejos que comercializaron en grandes volúmenes, contribuyeron significativamente a la crisis.

Con Bitcoin los ciudadanos tienen la opción de dejar atrás a los viejos esquemas de concentración de poder y capitales. De esa manera, la criptomoneda pionera se presentó ante la humanidad para mostrar que su sistema descentralizado puede ser eficaz ante la concentración de poder que afecta al mundo.

Con la aparición de Bitcoin, de a poco, los ciudadanos comprendieron que su cadena de bloques o blockchain está en la capacidad de tener una base de datos descentralizada que no es propiedad de nadie. Para escapar de la centralización, el control y la vigilancia digital, seguramente lo que el mundo necesita es, al menos, una red social que tenga las mismas características que posee el diseño de la criptomoneda creada por Satoshi Nakamoto.

Aunque hoy existen algunas iniciativas de redes sociales basadas en blockchain, hasta ahora no se ha dado a conocer la primera que plantee un modelo similar al de Bitcoin. Esta sería una plataforma que le conceda al usuario las claves privadas con las que pueda ser el dueño absoluto de su propio contenido, sin la intervención de terceros. También tendría un ecosistema en el que no existe una figura central, pero sí reglas para que reine el civismo. Que se incentive el buen comportamiento y se castigue el abuso. Por eso, será libre de censura y discriminación.

El proyecto debe ser de código abierto, donde todos puedan participar para mantenerlo vivo. Donde haya desarrolladores dedicados a trabajar en las mejoras que, una vez logradas serán aprobadas por una comunidad preocupada por la salud de toda la red. Es posible que tengamos que esperar años para conocer un proyecto así, pero seguramente valdrá la pena.