Fiscalía imputó a comerciante por condicionar compras con petro en Venezuela

El Ministerio Público de Venezuela imputó a un comerciante que fue denunciado por condicionar las compras de alimentos y artículos para el hogar con petro (PTR), la denominada criptomoneda del gobierno venezolano.

El implicado fue señalado de estar presuntamente involucrado en delitos económicos, por lo que la Fiscalía lo imputó por corrupción propia y captación indebida de recursos.

En una nota de prensa, el ministerio informó que el hecho se produjo el 28 de diciembre del 2019, en un local comercial ubicado en la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara, ubicada a unos 365 kilómetros al oeste de Caracas. El acusado quedó identificado como Ángel Ernesto Torres Montañez quien fue privado de libertad, según ordenó el Tribunal 3° de Control local.

Las condiciones que exigía Torres Montañez para la compra de productos con petro se resumen de la siguiente forma: ofrecía canjear el bono tipo subsidio de 0,5 PTR (equivalente a USD 30), que recibieron en diciembre empleados públicos y pensionados de Venezuela, con un 20% por debajo de su valor a través de una transferencia bancaria.

Quienes acordaban el trato también debían comprarle, al menos, dos productos alimenticios como arroz, pasta, aceite o granos, entre otros. Los compradores denunciaron la situación ante funcionarios de la Policía de Lara quienes lo detuvieron en flagrancia.

Aumento de precios

Durante los últimos días de diciembre del año pasado y los dos primeros días de enero del 2020, miles de venezolanos intentaron canjear el bono en los comercios que contaban con puntos de venta Biopago, del Banco de Venezuela, como una forma menos complicada de disponer de sus fondos en PTR.

Sin embargo, se presentaron denuncias en las que se afirmaba que los comercios elevaban los precios de los productos si la compra se realizaba con petros, algo que fue constatado por CriptoNoticias en un recorrido realizado en el estado Zulia.

Las quejas de los usuarios se presentaron en múltiples partes del país, lo que generó operativos para fiscalizar las ventas en los locales. Incluso la ministra para el Comercio, Eneida Laya Lugo, encabezó uno de estos despliegues en San Fernando de Apure, al suroeste de Venezuela, para verificar que los precios de los artículos no fuesen aumentados por comprar con petros.

La situación también fue abordada por Joselit Ramírez, de la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela (Sunacrip), quien recalcó, el 28 de diciembre, que los productos adquiridos con petros debían mantener sus precios y que los dispositivos Biopago no generaban comisiones por pagar los consumos con petro.

Hasta la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Sundde, se pronunció al respecto y alertó a los comerciantes, que realizaban intercambios de petros por bolívares, que podrían pasar a juicio y enfrentar posibles sentencias de entre 5 a 8 años de cárcel.

En la actualidad, este sistema para procesar los pagos con petros se encuentra inactivo hasta nuevo aviso debido a supuestos ajustes y mantenimiento que se estarían realizando desde el Banco de Venezuela.

Casas de cambio ponen condiciones

Aunque se ha denunciado que los comerciantes condicionaron las compras para quienes deseaban adquirir productos con petros, hay que mencionar que en las casas de cambio venezolanas y en la plataforma Patria, el sistema creado para recibir subsidios del gobierno, la comercialización del petro funciona de forma condicionada.

En el caso de las casas de cambio los operadores tienen un límite de comercialización que puede variar de acuerdo a la plataforma. Además, el precio del petro está más relacionado con la oferta y a la demanda, por lo que es muy probable que su cotización se mueva por debajo de los 60 dólares que, en teoría, es el precio anclado del PTR.

En relación con el sistema Patria, para comprar o vender petros hay que generar una cotización a partir de una banda de precios que incluye una tasa de intercambio mínima, una tasa sugerida y otra tasa máxima, sin contar la comisión del 0,25% del monto demandado.