65% de los países miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas

Los avances para incrementar las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, entre los proveedores de servicios de activos digitales o criptomonedas, marchan a media máquina. En su reporte anual el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) informó que el 65% de sus miembros han aplicado los estándares de fiscalización.

En el informe titulado “Revisión de las normas estandarizadas del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios”, la organización mencionó que de las 54 jurisdicciones informantes 35 han reportado su activación. De ese total, 32 miembros han comenzado a fiscalizar a las casas de cambio de criptomonedas u otros servicios, por ejemplo.

Otras tres jurisdicciones o países han prohibido el funcionamiento de los llamados VASP o “proveedores de servicios de activos virtuales” para procesar operaciones con criptomonedas. En el documento no se menciona qué países han aplicado las normas ni cuáles están pendientes de hacerlo.

Las consideraciones globales para la elaboración del informe fueron analizadas durante un año. Además, el GAFI enfatizó que continuará monitoreando la situación con sus países miembros y que realizará una segunda revisión para junio del 2021.

La institución mencionó que para esa fecha los proveedores de servicios de activos digitales tendrán un segundo año para realizar sus ajustes y ejecutar los lineamientos necesarios.

El grupo admitió que las regulaciones para evitar que las criptomonedas sean usadas para lavar capitales o financiar a grupos terroristas han avanzado, pero afirmó que aún quedan desafíos pendientes. En la presentación del reporte se señaló lo siguiente:

El informe revela que, en general, tanto el sector público como el privado han progresado en la implementación de las normas revisadas del GAFI. 35 de las 54 jurisdicciones informaron que ahora han implementado los estándares.

Sobre las cifras de las empresas privadas se informó que los datos recolectados no eran suficientes para ofrecer una muestra representativa.

En otro punto del documento el GAFI manifiesta que aún hay 19 miembros que no han implementado las regulaciones y que todavía hay desafíos por resolver. De hecho, el grupo dijo que no hubo una contabilidad completa de su red global ya que simplemente hay países que no informan. Entre los países iberoamericanos que conforman la GAFI están: Argentina, Brasil, España, México y Colombia.

Regulaciones y criptomonedas

El GAFI, conocido también por sus siglas en inglés FATF (Financial Action Task Force), es un organismo internacional que dicta lineamientos para contrarrestar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Hace un año el grupo estableció la Recomendación No. 15, que proporciona directrices para que los negocios relacionados con criptomonedas “prevengan el uso inadecuado de los activos virtuales”.

En su agenda para el próximo ciclo se incluyó la publicación de una guía actualizada sobre activos virtuales y proveedores de servicios digitales. También se profundizará sobre los riesgos que involucra el uso de criptomonedas para realizar transacciones para el lavado de dinero y financiar el terrorismo.

Entre sus lineamientos están obtener información precisa sobre los participantes de las operaciones con criptomonedas para ofrecerlas a las autoridades correspondientes, en caso de ser necesario. Denominada “regla de viaje” se trata de un requerimiento aplicado a la banca cuando hay transacciones entre ellos en nombre de sus clientes.

Sobre las decisiones del GAFI, CriptoNoticias informó en marzo del año pasado que el grupo había recomendado aplicar regulaciones bancarias a las casas de cambio de criptomonedas. Además, y como un adelanto de lo que sería este informe, la organización dijo en abril de este año que Estados Unidos no estaba cumpliendo totalmente con sus recomendaciones.

Aunque el grupo busca minimizar el uso de criptomonedas para fines delictivos, las empresas del ecosistema como Circle, Coinbase y Chainalysis han reiterado que adherirse a los lineamientos de la FATF a escala global podría ser muy costoso de implementar.