Estudio confirma potencial de bitcoin para economías con controles gubernamentales

Las economías centralizadas y de planificación suelen tener consecuencias múltiples y variadas. Este tipo de economías busca aminorar las fallas del mercado, aduciendo que cuando es dejado a su libre desenvolvimiento produce desviaciones e imperfectos. Solo que, la mayoría de las veces, los controles impuestos pueden llegar a exagerarse por parte de los gobernantes y tener resultados aún más contraproducentes para la economía.

Las intenciones de los gobiernos de querer prever todas las posibles acciones de los actores del mercado –cuanto se va a producir, cuanto a consumir, en todos los rubros- y así poder planificar la economías, peca de ambiciosa, ingenua y poco realista. Razón por lo que suelen recurrir a controles cambiarios, de capitales y demás medidas que pocas veces reflejan el verdadero estado de la economía.

Esta contumaz persistencia de los gobiernos de querer pedirle peras al olmo y castigarla cuando produce peras, suele resultar en la búsqueda de evitar los controles por parte de los ciudadanos. Michel Foucault, pensador francés, solía decir que todo ejercicio de poder produce una resistencia al poder. Esta maxima se evidencia cuando los actores burlan los controles, lucrándose de maneras no estipuladas en la planificación y que, por no hacer sintonía con el discurso gubernamental y evitar sus controles, suelen calificarse de mercado negro.

Bitcoin ha sido, en muchos países de economías centralizadas, una alternativa para alivianar la asfixia de los controles gubernamentales. Las personas que conocen las criptomonedas y tienen consciencia de su perfil global, por su facilidad y velocidad para el intercambio a través de las fronteras, han optado por utilizarlas, dados los beneficios que le son propios para realizar intercambios económicos en todo el mundo.

Lo que una nueva investigación académica ha demostrado es que los precios de bitcoin llegan a ser mucho más altos en países con bajos niveles de libertad económica. Robert Vigilioni, un estudiante de doctorado de la Universidad de Negocios Daria Moore en Carolina del Sur, Estados Unidos, ha confirmado una verdad cotidiana para aquellos que vivimos en economías de este tipo: los inversores tienen un incentivo mucho mayor para invertir en efectivo digital que en países de libre mercado.

En la investigación publicada en septiembre de 2015 con el título “¿Tiene la gobernanza un rol en el precio? Evidencia cruzada entre países desde mercados Bitcoin”, Viglioni ha hecho patente que los inversores pagan una prima persistente sobre precios globales en países con menos libertad económica, particularmente cuando existe control de cambio y controles capitales limitando la inversión libre. Viglioni habla sobre su investigación:

Usando el índice de la Heritage Foundation’s Economic Freedom, y asociándolo con series de tiempo macroeconómicas, encontré que un incremento de 10 puntos en el índice, conduce a una disminución de 7.5% en la prima. (…) Desde esta perspectiva, Bitcoin puede verse como un activo del desastre que ofrece un nuevo canal para evadir la jurisdicción doméstica y la represión, un proceso parecido a mercados imperfectos para seguros contra catástrofes, induciendo primas altas e inesperadas.

Robert Vigilioni

Una de las preguntas que se desprenden de esta investigación es si este descubrimiento puede ser extendido a otros activos financieros, es decir, si las tecnologías sociales endógenas tienen efecto en el riesgo sistémico y se manifiestan en la fijación de los precios.

Viglioni apuntó que los altos precios del bitcoin en Argentina probablemente se debían a la data recogida de la diferencia entre la tasa oficial de cambio del Peso, impuesta por el gobierno, y la tasa de cambio efectiva utilizada por operadores comprando y vendiendo divisas digitales en las calles o en la web.

Los beneficios que se desprenden de la utilización de criptodivisas en este tipo de países, tales como Venezuela y Argentina en el caso latinoamericano, es que ofrecen la posibilidad de intercambiar fondos a través de las fronteras con pocas barreras y bajos costos de transacción.

En el caso venezolano, donde se establece un límite de divisas extranjeras a ser entregadas a los ciudadanos, tanto para compras en línea como para viajes, la existencia del efectivo digital es de gran ayuda para facilitar los intercambios con otros países y así tener una ventana al mercado global del cual el gobierno pretende aislar a sus ciudadanos.

Viglioni establece que los países con controles de capitales, precios inestables por inflación, barreras de intercambio o baja libertad financiera, son los primeros candidatos para bitcoin pues los altos niveles de confiscaciones de activos que sufren los inversores, los hacen más proclives a mover sus fondos fuera de la moneda controlada por el gobierno y su jurisdicción política.

Por otro lado, aunque se da cuenta que los mercados de bitcoin son probablemente muy pequeños para que los agentes consideren la divisa digital para evitar el pago de impuestos, Viglioni señala que existe una relación negativa entre la libertad económica y la carga fiscal.

Esta investigación puede relacionarse con las últimas cifras arrojadas por el Índice de Potencial del Mercado Bitcoin (BMPI, por sus siglas en inglés), un índice del que se desprende un rango de la utilidad potencial de bitcoin entre 177 países. En la última investigación pudo conocerse que los tres primeros países de la lista donde podía triunfar bitcoin eran Argentina, Venezuela y Zimbabue, exactamente en ese orden.

El potencial de Bitcoin en Sudamérica es evidenciable para cualquier persona que viva en esta región, dónde en las últimas décadas han abundado gobiernos de inclinación socialista con políticas de control económico y redistribución de las riquezas. Las facilidades que ofrece el efectivo digital para evitar los excesivos controles y obtener altos niveles lucrativos son evidentes para los ciudadanos de estas naciones. El estudio realizado por Viglioni simplemente lo ratifica.