Instalación de primer cajero de bitcoins en Costa Rica dispara alarmas de expertos y reguladores

Recientemente se anunció que Costa Rica tendría su primer cajero de bitcoins, cortesía de la compañía venezolana Cryptobuyer, para finales de este mes. Sin embargo, varios especialistas nacionales en Fintech y ciberseguridad se han mostrado escépticos ante la falta de regulación y representación que rodea a la máquina, por lo que han advertido a los diputados —encargados de aprobar o no nuevas leyes— sobre los riesgos que esto involucra.

Específicamente, expertos de la Asociación de Finanzas Tecnológicas (Asofintech), del Colegio de Profesionales en Informática (CPIC) y de la Asociación de Especialistas en Seguridad Digital de Costa Rica (ASEDI) fueron los responsables de la advertencia, que implica que los usuarios no estarán los suficientemente protegidos ni tendrán garantías al usar este cajero, pues Cryptobuyer no tiene sede en el país y los equipos no están certificados.

Esteban Jiménez, consultor en Ciberseguridad y directivo del CPIC, comentó al respecto:

Luego de una revisión realizada a la empresa nos preocupa que no se encuentran claramente identificadas las políticas y condiciones de garantía de uso de dichos cajeros en el sitio web del proveedor y no están en el idioma español, tampoco se logró constatar una representación local que pueda aceptar quejas de los eventuales usuarios y los respalde ante alguna eventualidad.

Esteban Jiménez
Directivo

Por su parte, Mauricio Lara, miembro de Asofintech y especialista en Derecho Tributario Internacional, afirmó que los cajeros de bitcoins podrían regularse del mismo modo que las casas de cambio, incluyendo la identificación del cliente y la garantía de los fondos; pero para ello Cryptobuyer debe registrarse en el país como cualquier otra empresa y declarar sus impuestos.

No obstante, la discusión no se quedó sólo entre estos expertos, pues Frank Camacho, diputado del partido Frente Amplio —que tiene la tercera mayor bancada en la Asamblea— la llevó al terreno legal, afirmando que es necesaria la regulación del cambio entre BTC y dinero fíat para evitar el lavado de dinero y la evasión fiscal.

No estamos en contra de la tecnología, pero cuando nos vemos inmersos en crisis fiscales y en problemas de ciberdelincuencia, debemos generar controles cruzados. Las autoridades deben contar con las herramientas para darle seguimiento a estas transacciones y poder observar con qué fines se llevan a cabo.

Esteban Jiménez
Directivo

Asimismo, según una fuente local, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Costa Rica y el Instituto Costarricense Sobre Drogas alegaron “desconocimiento e incompetencia” ante el uso de criptomonedas en el territorio, por lo que podría resultar aún más inconveniente la instalación del cajero.

Roberto Ponce, director de la firma de banca de inversión Invermaster —con sede en el país— había señalado anteriormente algo similar, aunque también afirmando que existen expertos en el área para encargarse del crecimiento del ecosistema blockchain en la nación.

Costa Rica tiene todos los instrumentos para ser un país líder en transacciones con bitcoins, hay buena infraestructura y profesionales capacitados para programar, que son dos cosas que se necesitan para usarlas; pero la gente no entiende cómo funcionan (…) Costa Rica ha sido lenta en tomar decisiones, pero una vez que las prueban les toma muy poco tiempo adoptar la tecnología y es lo que creemos que va a pasar con las monedas virtuales.

Esteban Jiménez
Directivo

De momento, es esta perspectiva la que parece dominante, pues aún no hay planes para retroceder en la instalación del cajero, aunque la posibilidad existe. Para discutir el tema detalladamente, el diputado Camacho organizó el primer foro nacional sobre Ciberdelincuencia, Ciberlegislación y Ciberseguridad, a llevarse a cabo el próximo 3 de octubre en la Asamblea Legislativa.

Allí participarán, además de las organizaciones mencionadas, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), especialistas en derecho cibernético, miembros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), del Congreso y del Colegio de Abogados. Así que de allí prometen venir interesantes conclusiones sobre las criptomonedas, especialmente en el ámbito legislativo.