La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera de España y Alastria, el primer consorcio multisectorial promovido por empresas e instituciones españolas para el establecimiento de una infraestructura semipública permisionada en blockchain, han firmado un acuerdo con el objetivo de promover la implantación de esta infraestructura de forma segura, con eficacia legal en el ámbito español y acorde con la regulación europea, según un comunicado difundido por Alastria.
El acuerdo, rubricado por la secretaria general del Tesoro y Política Financiera, Emma Navarro, y el presidente y la vicepresidenta de Alastria, Julio Faura y María Parga, recoge también que, de dicha colaboración, surgirán propuestas reales de aplicación de esta tecnología que sirvan para colocar a sus miembros en la vanguardia y liderazgo de este nuevo entorno digital y transformador de la sociedad.
Alastria, la primera red nacional regulada del mundo basada en blockchain, tecnología de almacenamiento y transmisión de datos, agrupa a más de 180 instituciones y empresas en España, la mayoría del sector financiero. En un comunicado remitido hoy por la red española se pone de manifiesto que blockchain, y de forma general las tecnologías de registro distribuido (Distributed Ledger Technology o DLT), constituyen una de las innovaciones con mayor potencial disruptivo para la economía y la sociedad desde la llegada de Internet. Alastria subraya la capacidad de blockchain en la transformación de los procesos y modelos de negocio bancarios y del sector financiero, en general.
La red española explica también que en el seno del Comité de Innovación Financiera, la Secretaría General del Tesoro coordina el esfuerzo de instituciones como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, o la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), para dar seguimiento “a un proceso innovador acelerado que tiene un importante potencial modernizador para el sector financiero”.
Asimismo, Alastria alude a las “importantes implicaciones desde la óptica de los objetivos de la política pública en el sector, la protección del consumidor y del inversor, la integridad de los mercados financieros y el cumplimiento con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.
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